Registro de distribución de los lotes de sembradura en la Colonia de Huatabampo, bajo la dirección del Coronel de EME Ángel García Peña. [1]

Descripción

Los trabajos realizados por la Comisión Científica de Sonora (CCS), destacamento operativo de la CGE, rindieron sus frutos. En la edición del periódico oficial La Constitución, publicado el 27 de octubre de 1892, se informó la relación de los beneficiados con lotes de sembradura y solares para habitación de las colonias de Santa Cruz de Huatabampo, Cohuirimpo, Etchojoa y San Pedro. En tal sentido, la adjudicación oficial de terrenos tenía el objetivo primordial de dar claridad fiscal a la administración pública, por lo que, los deslindes realizados en el valle del Mayo debían cumplir con las siguientes características: debían tener fundamento en puntos de referencia que permitieran localizar mediante coordenadas geográficas cada lugar (en la práctica serían las mojoneras), una vez realizado lo anterior, se debía trazar un cuadrilátero perfecto que delimitara el espacio territorial de cada pueblo, este cuadrilátero o Colonia agrícola fue dividido en veinticinco secciones identificadas mediante números romanos, y estas a su vez fraccionadas en lotes de dos clases, unos para la “sembradura” o suelo agrícola, y otros para ser utilizados como “solares” o suelo urbano. El presente plano corresponde a la información de suelo agrícola, actualizando información catastral hasta el año 1910 al señalar ubicación, nombre de propietario y fecha de titulación del terreno, así como hacer una distinción mediante simbología de color entre los terrenos repartidos originalmente por la CCS y aquellos aún no repartidos; además de indicar el fundo legal del pueblo en los cuadrantes XI y parte del XII.

Los lotes de sembradura en el caso de Huatabampo fueron de 3.6 hectáreas. El beneficiado con un lote para sembrar quedaba obligado a conservarlo bajo explotación durante cinco años consecutivos, tiempo en que no lo podría gravar, hipotecar ni enajenar.

Sería hasta la etapa de gobierno de Venustiano Carranza cuando se consignaría el Decreto de 6 de enero de 1915, declarando nulas todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes pertenecientes a los pueblos indígenas, otorgadas en contravención a lo dispuesto en la Ley de 25 de junio de 1856, esto porque también fue de la idea de que los indios habían sido despojados de sus tierras comunales y de repartimiento. Entonces, el procedimiento a seguir por parte de los pueblos indios era solicitar la restitución de sus tierras, siempre y cuando contasen con el título correspondiente. Si no lo tenían, debían solicitar la dotación de ejidos.