Resumen

En 1946, los vecinos de Cumuripa, Sonora, solicitaron la restitución de sus tierras, invocando el Artículo 27 constitucional. A pesar de la falta de títulos originales del ejido, el Ejecutivo estatal reconoció su derecho de propiedad basándose en documentos históricos de la Tesorería General. Estos registros indicaban que el pueblo contaba con un fundo legal de 7,022.44 hectáreas desde 1837 y el predio "El Apache" de 1,755.61 hectáreas desde 1852.

La investigación reveló que la superficie real del fundo legal era menor a lo titulado y que el predio "El Apache" estaba ocupado por un particular. La resolución del Ejecutivo declaró procedente la demanda, restituyendo 1,705.61 ha de "El Apache" a Cumuripa y reconociendo el derecho del pueblo sobre 6,619.90 ha de su fundo legal. Adicionalmente, se asignaron tierras para uso agrícola y urbano, se declararon inafectables algunas posesiones existentes y se segregaron 23 hectáreas para uso urbano.